¿QUIEN PAGARA LOS GASTOS DE LA VIVIENDA TRAS EL DIVORCIO?


 



 
Ante una posible separación siempre nos asalta la misma duda ¿Quién pagará los gastos de la vivienda tras el divorcio? De todos es sabido que tras un divorcio, si la vivienda habitual está a nombre de ambos cónyuges, la hipoteca y los gastos de dicha vivienda los abonarán ambos al 50%, aunque dicha vivienda haya sido adjudicada a uno de ellos. Por tanto, al ex-cónyuge que no se le haya otorgado el uso de la vivienda, también deberá abonar dichos gastos por mitad aunque no disfrute de ella.

 Esta era la norma habitual, amparada en la Ley de Propiedad horizontal, que dispone el artículo 9.5 de dicha ley. Pero una Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2014, ha desestimado un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que imponia los gastos ordinarios de la vivienda y comunidad a quien le haya sido otorgado el derecho de uso de dicha vivienda. Así, y en beneficio de un equilibrio económico, los gastos habituales que ocasiona el uso de la vivienda, los deberá abonar en exclusiva al excónyuge que utilice la vivienda ganancial. No obstante los gastos extraordinarios derivados que ocasione dicha vivienda, deberán abonarlos los dueños por mitad al 50%.
 
Así, en lo referente a la comunidad, los gastos ordinarios como son las cuotas mensuales, las pagará en exclusiva el usuario, mientras que los gastos extraordinarios y derramas no previstas serán abonadas por mitad de los dos.

 En cuanto a la vivienda, también pagará el usuario en exclusiva, los gastos de suministros básicos como son el agua, electricidad, el gas, teléfono, internet... y gastos habituales y reparaciones domésticas derivadas del uso diario. Así como también los recibos anuales del seguro obligatorio de la vivienda y del IBI (impuesto de bienes inmuebles). Esto será así excepto que se indique lo contrario en el convenio en mutuo acuerdo. Por el contrario reformas, obras mayores y otros imprevistos, también se deberán abonar por mitad de ambos propietarios.

 Así para saber quien deberá abonar el pago de los gastos de la vivienda deberemos diferenciar los gastos habituales o de uso y los extraordinarios. Esta ahora será la norma, recordando también que solo prevalecerá sobre la ley excepciones firmadas de común acuerdo en el convenio regulador del divorcio.

SENTENCIA SUSPENDE EL REGIMEN DE VISITAS POR CONDENA DE VIOLENCIA DE GENERO.




Se crea nueva jurisprudencia en una sentencia suspende el régimen de visitas por condena de violencia de género. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, fija una nueva doctrina en la que un padre condenado en firme por un delito de violencia de género, se le ha suspendido el régimen de visitas que tenía concedido a favor de su hija.

En el momento de dicha sentencia, el padre se encontraba cumpliendo la citada condena en prisión de 3 años y 8 meses. Se le había concedido un régimen de visitas, en cuento acabara de cumplir su condena en prisión, de dos horas semanales, tuteladas en un punto de encuentro. El hombre fue condenado por el maltrato a su mujer y a una de sus hijas que entonces tenia ocho años. Dicho régimen de visitas se le concedió a favor de otra de sus hijas de por entonces tres años de edad a la que no maltrató, concediéndole los jueces el régimen de visitas para asegurar el interés de la menor. Así, en ese momento predominaba también el derecho que tiene todo progenitor a mantener un contacto continuado para con sus hijos.

La madre se opuso enérgicamente a este régimen de visitas y lo recurrió. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 26 de noviembre de 2015 tuvo a bien admitir dicho recurso, creando así precedentes y jurisprudencia al respecto. Así, dice que “el juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes”. Para ello el tribunal se ha amparado en el artículo 94 del código civil, en la nueva ley integral de violencia de género y apoyado por la última reforma de la ley del menor, aprobada el pasado año.

Los jueces, aún reconociendo que no han respetado el interés del menor, advierten que en este caso el sujeto al estar condenado por maltrato a una de sus hijas, debe primar la cautela ya que por dicho precedente hay un riesgo más que evidente.

No obstante, el tribunal deja un resquicio de esperanza para el progenitor y le ofrece la posibilidad de volver a pedir un nuevo régimen de visitas, si una vez cumplida la condena sigue una terapia adecuada y con el debido seguimiento y vigilancia podría retomar el régimen de visitas anteriormente concedido.

DIVORCIO ANTE NOTARIO




Ya podemos realizar un divorcio ante notario. Desde julio del 2015, está aprobada una nueva ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 que permite a los notarios efectuar sentencias de divorcio mediante escritura pública y ante convenio regulador del secretario judicial si procediera. También, a partir de 2017 los notarios podrán formalizar bodas, todo ello divorcio y boda previo pago de tasas de 95 euros. A estas medidas se podrán acoger cualquier pareja que decida divorciarse de común acuerdo. Es obligatorio el consenso y el mutuo acuerdo en el proceso, además tampoco pueden haber hijos menores a cargo ni mayores de edad con algún tipo de discapacidad. Además, existe la acepción de que los hijos mayores de edad que convivan con sus padres también tendrán que estar de acuerdo. También es necesario que exista un plazo mínimo de tres meses a partir de la fecha de la boda.

Esta nueva ley ha producido muchos rechazos por parte de diversas asociaciones jurídicas ya que entienden que el gobierno trata de beneficiar a notarios y registradores dada la bajada de ingresos que les ha supuesto la crisis del ladrillo y también por otro lado no estan de acuerdo con privatizar el negocio del divorcio, previo pago, recordando que también se puede utilizar la justicia gratuita para ello. 

Es obligado admitir que el divorcio ante notario mitigará, en parte el colapso existente en los tribunales y que se agilizará enormemente el tiempo de trámite del divorcio. También se verán beneficiados los litigantes ya que el divorcio será oficial desde el mismo momento de la firma de la escritura. Así en unas horas se obtiene el divorcio sin la espera de una sentencia que aunque sea de mutuo acuerdo tarda una media de dos a tres meses.

Pero también existen los inconvenientes. A parte de cumplir las condiciones y exigencias antes mencionadas ¿Que ocurre por ejemplo con la pensión compensatoria? ¿Y si hubiera que adjudicar una pensión de alimentos hacia los hijos mayores de edad? Así en determinadas ocasiones será necesario igualmente la intervención de un abogado. El notario es un fedatario y no tiene jurisdicción, solo da fe y oficializa lo acordado. En cuanto a una posible modificación de medidas, cabe reseñar que en cualquier divorcio ante notario, podrá modificarse lo acordado si las condiciones cambian. Será ante el mismo notario y con presencia de letrado.

SE TENDRA EN CUENTA LA CONVIVENCIA ANTERIOR AL MATRIMONIO PARA LA OBTENCION Y CUANTIA DE LA PENSION COMPENSATORIA



Se tendrá en cuenta la convivencia anterior al matrimonio para la obtención y cuantía de la pensión compensatoria. El tribunal supremo ha desestimado el recurso presentado por el diestro Miguel Ángel Perera y ha confirmado la sentencia de pensión compensatoria a su ex mujer, dictada anteriormente por el juzgado de primera instancia y confirmada por la audiencia de Sevilla. El juez fijó una retribución mensual de 3.000 euros que deberá abonar el torero durante los próximos tres años.

Esta cantidad parece elevada teniendo en cuenta que su matrimonio duró poco más de año y medio. Pero el juez reconoce y computa por igual el tiempo que permanecieron unidos en convivencia antes del matrimonio. Concretamente desde el año 2003 y hasta la fecha de su boda en 2008. Por tanto se estima un cómputo global de algo más de seis años y medio y la sentencia tiene en cuenta esa convivencia anterior reconociéndola de facto como una pareja de hecho (convivencia more uxorio).

La Audiencia de Sevilla tiene en cuenta para la obtención de la pensión compensatoria, el desequilibrio originado tras el divorcio en que la ex mujer del matador María Eugenia Fernández Martínez, carecía de ingresos fijos, mientras que durante toda la convivencia ha hecho su aportación a la economía familiar colaborando en las actividades de su marido tales como su gestión bancaria e inmobiliaria, inversiones diversas, gestiones con la prensa y agentes taurinos, fundaciones…


Por tanto, en las sentencias de divorcio en que se otorguen la pensión compensatoria, se tendrá en cuenta la convivencia conyugal de la pareja, estimándola como su total sin perjuicio de no existir o no computar la duración del matrimonio legal, tal y como se recoge ya en el apartado 6 del artículo 97 del código civil.

NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA EN PAREJA


Nuevas formas de convivencia en pareja

En España cada día que pasa, el matrimonio como institución y formalización de la pareja, cada día pierde más adeptos. En las nuevas generaciones, sobretodo, cada vez más se opta por unas nuevas formas de convivencia en pareja. Se tiende hacia una convivencia en pareja sin ataduras legales o como una medida intermedia las parejas van hacia la unión de la pareja de hecho.

La realidad española, con una de las tasas de divorcio más elevadas del mundo, provoca que las nuevas parejas se den un tiempo de margen para asentar su relación. Con el paso del tiempo, si la relación continua, es probable que la pareja acepte contraer matrimonio debido a las ventajas fiscales, laborales y burocráticas y así a la obtención de unos mayores derechos y obligaciones con los hijos.

Por tanto, actualmente la unión en matrimonio se debe más a la realidad burocrática y legal, que a una formalización del amor de la pareja como ocurría en las décadas pasadas.

Hoy por tanto nos casamos menos y más tarde, tendencia observada también en otros países, sobretodo en el área geográfica europea como son Alemania, Francia y Hungría.
De las parejas menores de 30 años, el estado civil del matrimonio no llega a la mitad, mientras que en las parejas de más de 40 el porcentaje de casados sube y se sitúa sobre el 65%.


Los cambios generacionales, culturales, la situación financiera y la mayor tolerancia y aceptación social sobre la convivencia en pareja no regulada, han propiciado este cambio de tendencia.

EXEQUATUR. COMO CERTIFICAR UN DIVORCIO EXTRANJERO





Exequatur. Como certificar un divorcio extranjero.

El exequatur es un proceso mediante el cual un estado verifica una sentencia judicial de otro país para su verificación y homologación. Así, se deberá seguir este proceso obligatorio para homologar en España un divorcio efectuado en el extranjero. Por tanto, cualquier persona residente en España que se haya divorciado fuera de nuestras fronteras, para legalizar e inscribir su divorcio en el registro civil, deberá seguir este procedimiento. Recordemos que cualquier divorcio efectuado dentro de las fronteras de la Unión Europea (excepto Dinamarca), será válido en España y se podrá inscribir directamente en el registro civil.

Hay que solicitar el exequatur a través de abogado y procurador. Para ello hace falta reunir una serie de condiciones. Una de ellas es que ha de ostentar la nacionalidad española al menos uno de los dos cónyuges. Además, la sentencia de divorcio tiene que ser firme. Si dicha sentencia proviene de un divorcio contencioso, será imprescindible también que exista y se confirme que se ha notificado dicha sentencia a ambos cónyuges. Así, será más fácil y rápido obtener el exequatur de una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo que de una procedente de un divorcio contencioso.

El tribunal competente para ello, será el de primera instancia del lugar de residencia del demandante o en su defecto de donde tenga que hacerse efecto dicha sentencia.

La duración del trámite de obtención del exequatur, dependerá del país de origen de la sentencia de divorcio, teniendo en cuenta además las características propias de su sistema judicial y de la dificultad de las traducciones. Dicho trámite será de al menos de seis a doce meses.

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