COMUNICACION CON EL MENOR

Comunicacion con el menor


En un régimen de custodia del menor es básico el derecho de comunicación con el menor y del progenitor no custodio. Así lo recoge el artículo 94 del Código Civil español y de otros ordenamientos territoriales de diversas comunidades autónomas como Catalunya, Aragón, Navarra o el País Vasco.

Este tipo de comunicaciones ya sean telefónicas o telemáticas vía redes sociales, no están sometidas a ningún tipo de control estricto por parte de la normativa vigente y únicamente encontramos la acepción de que no será posible dicha comunicación en horario nocturno o que no estorbe el horario lectivo y de trabajo escolar del menor. Tras esta acepción, que puede variar dependiendo de la edad del menor, no existe regulación alguna sobre horarios o tiempo de comunicación del menor con el progenitor no custodio a menos que no se hayan establecido y concretado en el convenio regulador. 

Por tanto por el bien del menor y del derecho paterno no existe cota o limitación más que el sentido común en estas comunicaciones. Así, el progenitor custodio debe facilitar dichas comunicaciones siempre y cuando se produzcan de forma moderada y no interfieran en el descanso y horario lectivo del menor. Lo normal seria que ambos progenitores se pusieran de acuerdo en los horarios y tiempos de comunicación dependiendo de los horarios de estudio, de si es día laborable o festivo y de la edad del menor.

El juez solo intervendría en caso de que alguno de los progenitores excediera en exceso y de forma abusiva de dichas comunicaciones o de que alguno de ellos impidiera el contacto sin motivo alguno justificable. Así el juez podría dictaminar una serie de modificaciones que podría llegar a suponer una restricción de llamadas imponiendo una extensión temporal de las mismas o a la limitación de las mismas a un horario determinado. Ello se podría imponer de inmediato y dependiendo de la urgencia de cada caso en un proceso de medidas urgentes cautelares. 

También se puede dar el caso de que en determinadas circunstancias se pueda alterar las comunicaciones con el menor dependiendo de diversas circunstancias que puedan o deban alterar dichas comunicaciones como en caso de enfermedad, viajes o diferentes períodos vacacionales. En este caso se regularían estos cambios a través de una demanda de modificación de medidas, según el artículo 91 del Código Civil.

PENSION DE VIUDEDAD TRAS UN DIVORCIO POR EXISTIR DENUNCIA DE VIOLENCIA DE GENERO

pension de viudedad tras un divorcio por existir denuncia de violencia de genero


En una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016, se ha otorgado pensión de viudedad tras un divorcio por existir denuncia de violencia de genero. Y aunque no ha habido condena alguna porque se retiró dicha demanda el tribunal ha considerado que la existencia misma de la denuncia es un claro indicio de su existencia. Ello en base a la nueva ley de Seguridad Social que permite la obtención de la pensión de viudedad hacia mujeres divorciadas o separadas, víctimas de violencia de género, que de otra forma no podrían conseguirla.

La Sala de lo Social del Supremo ha matizado que aunque esta sentencia puede crear precedentes, hay que contextualizarla en todo el proceso judicial establecido. Así, aunque no existe condena firme por ello, la mera denuncia puede ser suficiente en determinados casos.

Así, el Alto Tribunal tiene en cuenta que no ha existido una sentencia en contra ni sobreseimiento, si no que dicha denuncia fué retirada. Posteriormente hubo una denuncia de malos tratos en contra de su hijo y se probó con suficiencia un abandono físico y económico del padre hacia su familia. Gracias a estos últimos hechos el Tribunal consideró probada una continuidad de la violencia del marido.

La denuncia fue presentada en Pontevedra en 1995, retirada y posteriormente presentada otra denuncia por amenazas al hijo en 1998. El Tribunal Superior de Galicia denegó dicha pensión, pero posteriormente el Tribunal Supremo anuló dicho fallo y sentenció a favor. Así aunque no exista condena firme en casos de violencia de género, se estudiará a fondo cada caso en concreto y si existen indicios probatorios suficientes se valorará la concesión de la pensión de viudedad en caso de divorcio o separación. 

DIVORCIO Y DESAHUCIO

Divorcio y desahucio


Divorcio y desahucio pueden pasar uno detrás de otro. Ante un divorcio, la vivienda habitual se adjudica al cónyuge más vulnerable o al que se le otorga la custodia de los hijos menores. A causa de la crisis de los últimos años, se han hecho visibles los desahucios hipotecarios. Y en la tesitura de estar usando la vivienda habitual y en el caso de que dicha vivienda esté a nombre únicamente del otro cónyuge nos podemos preguntar ante esta situación que pasa si mi ex deja de pagar la hipoteca. ¿Me echarían de la vivienda junto con mis hijos? ¿Es o no evitable el desahucio? Así estos casos son más frecuentes de lo que imaginamos y son casos complicados porque el residente no es propietario ni arrendatario y solo es poseedor del uso temporal de dicha vivienda tras un proceso de divorcio. 

Aquí nos encontramos ante dos procesos judiciales paralelos y de deseos contrapuestos en que primeramente la persona que habita en la vivienda tendrá que hacer valer su derecho de uso y oponerse al desahucio frente a la entidad financiera. Paralelamente el banco presentaría demanda de ejecución hipotecaria al propietario, intentando ejecutar el desahucio a favor del ocupante, alegando que no ostenta su posesión. 

La entidad bancaria intentará ejecutar el desahucio hipotecario y quedarse así con la propiedad del inmueble y así hacer valer su derecho en base al artículo 661.1 de la LEC en que indica que una vez ejecutada sentencia favorable, solicitará al tribunal que los ocupantes de la vivienda no tienen derecho a permanecer, por no tener su propiedad y no disponer de "título suficiente". En este tipo de procesos si existe sentencia judicial, que en base al convenio regulador se obtiene custodia y el uso de la vivienda familiar, existen varias sentencias al respecto. 

El Tribunal Supremo en sentencias de 29 de abril, 14 de julio y 31 de diciembre de 1994 y la de 16 de 4 de abril y 16 de diciembre de 1997, considera que el derecho de uso de la vivienda común otorgado hacia uno de los cónyuges en el proceso de divorcio, no tiene en si mismo la naturaleza real de un usufructo. El tribunal entiende que pese a que exista una orden de ejecución hipotecaria de la vivienda, el uso por parte de ella del otro cónyuge queda garantizado. Así, dicho ocupante tiene el derecho de poseedor legítimo de la vivienda por imperativo judicial. Eso se debe a que no es posible culpar por ello al usuario frente al comportamiento fraudulento del cónyuge deudor, preservando así también los derechos y las necesidades de los menores que residan.

De todas formas, existen sentencias con fallos contrarios y no existe jurisprudencia suficiente para confirmas las anteriores sentencias, sino que se estudiará cada caso en particular. Es necesario recalcar también que dicha sentencia puede variar dependiendo de quien sea el propietario de la vivienda y de si el crédito hipotecario es anterior o posterior al divorcio.

COMPARTIR VIVIENDA EN CUSTODIA COMPARTIDA

COMPARTIR VIVIENDA EN CUSTODIA COMPARTIDA


Existen dudas si hay que compartir vivienda en custodia compartida. En sentencia de un juzgado de primera instancia se otorgó una custodia compartida por meses alternos en la misma vivienda familiar, donde quedarían los menores junto al progenitor que permanecieran con ellos durante un mes. Así, pasado otro mes el otro cónyuge volvería a la vivienda familiar, previo desalojo del otro cónyuge y sus pertenencias particulares. Y así el otro cónyuge quedaría con la custodia de los menores otro mes más. 

Tras varios recursos el caso llegó al Tribunal Supremo, que confirmo la custodia compartida pero cambiando los turnos mensuales por periodos semanales. Además, contrariamente a la sentencias anteriores, sentenció que en los casos de custodia compartida el sistema rotatorio en una sola vivienda no es el adecuado. 

Así, que en sentencia de 11 de febrero de 2016 la sala del Tribunal Supremo sentenció que "Al acordar la custodia compartida, se estableció que los hijos ya no habitarán únicamente en el domicilio materno, si no que con una alternancia semanal residirán en la vivienda de cada uno de sus padres, pudiendo disponer así de dos viviendas familiares, por lo cual no podrán ya residir en la vivienda única familiar indefinidamente.

Y de acuerdo con el artículo 96.2 del Código Civil ya que ambos cónyuges disponen de un nivel económico parecido, se determina que la madre podrá restar temporalmente en la vivienda familiar durante un año, contado a partir de la fecha de esta sentencia, con el fin de facilitar una transición a una nueva residencia y que transcurrido dicho período la vivienda quedará en proceso de liquidación de la sociedad de gananciales".

El Tribunal Supremo les concede un período de un año para que puedan liquidar la vivienda familiar y disponer así cada cónyuge de una vivienda propia. De esa manera los menores dispondrán de dos viviendas para que sus padres tengan su custodia en periodos rotatorios semanales. 

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